SATSE considera insuficiente la futura ley de centros residenciales de Euskadi

El Gobierno Vasco está ultimando el decreto que regulará los requisitos materiales, funcionales y de personal que deben reunir los centros residenciales para personas mayores. En junio del año pasado, SATSE Euskadi presentó aportaciones al borrador de la norma. Un año después, el Gobierno Vasco ha dado respuesta a todas las aportaciones. De las 40 aportaciones presentadas por SATSE, único sindicato que ha presentado alegaciones al decreto, solo ha aceptado cuatro. “El Gobierno Vasco ha accedido a algunas de nuestras peticiones, pero ha dejado atrás otras materias más importantes”, declara el sindicato.

Mejorar la seguridad de las instalaciones; la adaptación de las salas de enfermería para personas con movilidad reducida; dotar al personal de enfermería con carros de cura y establecer diversos protocolos de enfermería para mejorar la atención son las propuestas que el Gobierno Vasco ha aceptado.

Sin embargo, SATSE Euskadi ha hecho aportaciones muy importantes que no han sido aceptadas. En este sentido, el sindicato ha reclamado incrementar la ratio de personal de enfermería por número de personas a atender en las residencias, con el objetivo de garantizar una correcta atención y cuidado de las mismas. Entre otras propuestas, SATSE también ha pedido la presencia de una enfermera o enfermero las 24 horas del día; incorporar personal de enfermería especialista en geriatría y salud mental y que los centros residenciales cumplan con la normativa de protección del personal contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos durante el trabajo.

“El Gobierno Vasco sigue sin incorporar estas y otras medidas tan importantes para garantizar la calidad de la atención sanitaria en los centros residenciales”, declara el Sindicato de Enfermería de Euskadi. De hecho, este verano, la falta de personal de enfermería ha provocado a una situación insostenible incluso en las residencias más grandes de Euskadi. Por ello, SATSE critica la “falta de voluntad política” de la administración para mejorar el cuidado de las personas residentes y las condiciones laborales de las enfermeras y enfermeros.

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